Detenciones secretas

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó el pasado martes 26 de enero un informe sobre la práctica de las detenciones secretas en el mundo tras el 11 de septiembre de 2001. El informe de 222 páginas está elaborado conjuntamente por el Relator Especial para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial contra la tortura, el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En el documento, que precisa el concepto de "detención secreta" *y deja clara su ilegalidad a la luz del derecho internacional, se advierte que el trabajo no es exhaustivo. La mayor dificultad ha consistido, lógicamente, en el acceso a las fuentes primarias: enumera 66 Estados, de los que 44 respondieron en una encuesta lo que les convenía, y sólo se detalla una treintena de entrevistas a personas que fueron víctimas de detenciones secretas (además de tortura).

Un aspecto interesante es el resumen que hace de los antecedentes históricos en la era contemporánea. El precedente con el que empieza es el decreto del Nacht und Nebel (noche y niebla)

de la Alemania nazi (7 de diciembre de 1941), en virtud del cual los sospechosos de pertenecer a la resistencia en los países ocupados podían ser secuestrados durante la noche y trasladados en secreto a centros de detención en Alemania sin dejar rastro. Menciona el Plan Cóndor y guerras sucias como la de El Salvador o Perú, inspiradas en la estrategias de contrainsurgencia francesas de los años 50 y en las enseñanzas de la estadounidense Escuela de las Américas. También habla, aunque brevemente, de los precedentes de Argelia, Marruecos, Sudán, Nepal, Sri Lanka, Filipinas, etc. En la era post 11-S, el informe se centra sobre todo en la ya conocida red de detenciones secretas organizada por la CIA en colaboración con los gobiernos europeos y la subcontratación de la tortura en países como Marruecos, Pakistán, o Etiopía. Se trata del mayor operativo transfronterizo conocido desde la operación Cóndor. También cuestiona el alcance de las medidas adoptadas por la Administración Obama en este ámbito (nada se sabe de la suerte de los detenidos en los "sitios negros" de la CIA, cuyo cierre por orden ejecutiva no afectaría a determinadas instalaciones, como la base afgana de Bagram). Después pasa a describir casos recientes de los que se ha tenido constancia en los países asiáticos (incluyendo Asia Central), del Norte de África, Oriente Próximo (incluyendo a Israel) o el África Subsahariana. En Europa, sólo mencionan a Rusia. Cabe destacar la práctica generalizada de las detenciones ilegales y la tortura en India, la mayor democracia (representativa) del mundo. Me han llamado la atención algunas omisiones importantes. En Latinoamérica no mencionan a Colombia, por ejemplo. Y en Europa, se olvidan de España. En el relato histórico clama por su ausencia el largo período franquista (cuyas detenciones y desapariciones constituyen un delito continuado que teóricamente obliga a su investigación); tampoco hace referencia al precedente del GAL (secuestro de Segundo Marey); y finalmente tampoco se nombra a España entre los países cómplices en los vuelos de la CIA. Buen trabajo de relaciones públicas. De ahí que el gobierno español se permita declarar lo siguiente sin sonrojarse:
No hay implicación alguna o colaboración en la detención secreta en el territorio de otro Estado.
No hay más comentarios acerca de la efectividad de la detención secreta o de otras medidas antiterroristas, ya que España no tiene experiencias pasadas en detenciones secretas. La detención secreta es incompatible con la legislación española."
Por lo demás, el informe menciona el Convenio de Shanghai para combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo que China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, y Uzbekistán firmaron el 15 de junio de 2001 (tanto el año como el nombre del convenio resultan muy significativos), pero no investiga lo que puede constituir el otro gran sistema de cooperación transfronteriza entre servicios secretos de nuestros días. En virtud de dicho convenio se ha creado una estructura regional que ha permitido la realización de transferencias informales o irregulares sobre las que se tiene muy poca información. El informe del Consejo de Derechos Humanos es ilustrativo, pero incompleto, y tampoco cuestiona la premisa mayor de la "lucha contra el terrorismo". Esto sólo lo podrá hacer la presión de los movimientos sociales y las organizaciones políticas. -----------------------------------------------------------* "una persona es mantenida en detención secreta si agentes del Estado, actuando de manera oficial, o personas que actúan bajo las órdenes de las mismas, con la autorización, consentimiento, apoyo o aquiescencia del Estado, o en cualquier otra situación en la que la acción u omisión de la persona que detiene es atribuible al Estado y priva a otras personas de su libertad; en la que a la persona detenida no se le permite ningún contacto con el mundo exterior ("detención incomunicada"); y cuando el agente u otra autoridad competente niega, rechaza confirmar o negar, u oculta el hecho de que a una persona se le priva de su libertad, está escondida del mundo exterior, incluyendo, por ejemplo, familia, abogados independientes, u organizaciones no gubernamentales, o rechaza proporcionar, o disimula activamente, información acerca del destino o paradero del detenido.¨

El premio nobel de la verguenza

Durante el mes pasado Estados Unidos llevó a cabo mortales ataques militares en Yemen: bombardeos aéreos en el norte y ataques con misiles crucero en el sur de la nación. Se ha acusado a Washington de matar a gran cantidad de civiles en estos ataques en ambas partes del país que se llevaron a cabo antes del incidente del 25 de diciembre en Northwest Airlines utilizado para justificar ex post facto estas acciones anteriores de Estados Unidos. Y de forma preocupante el incidente se ha explotado para hacer retumbar un sonido constante de tambores de guerra pidiendo que se expanda la intervención militar y sea aún más directa.
El programa militar y de seguridad del Pentágono para Yemen revelado públicamente aumentó desde 4,6 millones de dólares en 2006 a 67 millones el año pasado. "Esta cifra no incluye la ayuda encubierta y confidencial que ha proporcionado Estados Unidos" .

Además, "según un nuevo acuerdo de cooperación confidencial, Estados Unidos podría hacer volar misiles crucero, aviones de combate o aviones armados drone no tripulados contra objetivos en el país, pero permanecería callado públicamente acerca de su papel en los ataques aéreos".

El día 1 de enero el general David Petraeus, jefe del Comando Central del Pentágono, que se ocupa tanto de las guerras de Afganistán e Iraq como de las operaciones en Yemen y Pakistán, se encontraba en la capital iraquí, Bagdad, y habló de profundizar la implicación militar en Yemen: "El año pasado tuvimos, es bien conocido, unos 70 millones de dólares en ayuda de seguridad. El próximo año esta ayuda será más que duplicada" .

Al día siguiente Petraeus estaba en la capital de Yemen donde se reunió con el residente del país, Ali Abdullah Saleh, para discutir "el continuo apoyo estadounidense para extirpar las células terroristas" .
El asesor de antiterrorismo de la Casa Blanca (ayudante del presidente para la seguridad nacional y antiterrorismo) John Brennan informó al presidente Barack Obama sobre la visita de Petraeus al nuevo escenario de la guerra de Washington y después declaró: "Hemos convertido a Yemen en una prioridad para el curso de este año y esto es lo último en este esfuerzo" .

Estados Unidos y los gobiernos occidentales han identificado las supuestas células terroristas en cuestión como células afiliadas a al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, en sus siglas en inglés). Sin embargo, el 4 de enero CNN informó de que "un alto cargo estadounidense citó una rebelión de las tribus huti en el norte y actividad secesionista en las áreas tribales del sur" como elementos que preocupaban a Washington.

Asesinatos En nombre de Dios

En 1977, una orden ejecutiva del presidente Gerald Ford ordenó que “ningún empleado del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos políticos.”
En 1981, actuando según su propia orden ejecutiva, el presidente Ronald Reagan ordenó: “Ninguna persona empleada o que actúe por cuenta del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos.” Antes de Reagan, el presidente Jimmy Carter había ampliado la orden de Gerald Ford para que incluyera todos los asesinatos.
Luego, sobre la base de un memorando legal confidencial que dio autoridad al presidente Bill Clinton para soslayar esas tres prohibiciones presidenciales previas de asesinatos selectivos, el presidente George W. Bush —según se informa en “Bush at War” de Bob Woodward– emitió un “Memorando de notificación” el 17 de septiembre de 2001.
La orden ejecutiva de Bush “autorizó a la CIA”, informó Woodward, “a operar libre y plenamente en Afganistán con sus propios equipos paramilitares” –y perseguir a al Qaeda “a escala mundial, utilizando acción clandestina letal para mantener oculto el papel de EE.UU.” Tal como ha continuado ahora con otros legados de Bush-Cheney, el presidente Obama, como informé previamente, ha permitido que la CIA opere libre y plenamente, con sus horripilantes drones Predator sin piloto en Pakistán y Afganistán.
Respecto a Afganistán, Associated Press (7 de noviembre) informó de que “Aunque la ONU dice que la mayoría de las víctimas civiles han caído a manos de ‘militantes’ –¿por qué no dice AP las cosas como son, terroristas?– “las muertes de hombres, mujeres y niños en ataques aéreos de la OTAN han aumentado las tensiones entre el gobierno de Karzai y la coalición dirigida por EE.UU.”
De nuevo, digamos directamente que EE.UU. está muy involucrado en los ataques aéreos de la OTAN –aparte de los drones– que asesinan a niños, mujeres y hombres que ni siquiera eran sospechosos de ser ‘militantes’.
Tal como “The Predator War” de Mayer tuvo poca repercusión en la prensa, lo mismo ha ocurrido con las revelaciones de Craig Whitlock en Washington Post sobre los asesinatos extrajudiciales autorizados por Obama no de presuntos terroristas sino de traficantes de opio en Afganistán (“Afghans oppose U.S. hit list of drug traffickers,” 23 de octubre).
Sin ningún sistema de rendición de cuentas ante los tribunales o el Congreso de EE.UU., “los militares de EE.UU.,” escribe Whitlock, “y funcionarios de la OTAN han autorizado a sus fuerzas a matar o capturar a individuos de la lista que fue redactada el año pasado como parte de la nueva estrategia de la OTAN para combatir las operaciones de la droga que financian a los talibanes.”
¿Qué hay de malo en eso –aparte de la separación de poderes de nuestra Constitución? Como subraya Whitlock– existe “una feroz oposición de funcionarios afganos, que dicen que podría debilitar su frágil sistema judicial y provocar una reacción contra las tropas extranjeras.”
Los familiares supervivientes de los no terroristas, mujeres y niños a los que no querían matar pero mataron al utilizar esa lista de sentenciados, están profundamente encolerizados por esta operación letal de las fuerzas extranjeras, incluidas las de EE.UU.
El ministro adjunto de exteriores de Afganistán para operaciones contra los narcóticos, general Mohammad Daud Daud, dice que agradece esta ayuda de la OTAN y EE.UU. en “la destrucción de laboratorios de la droga y escondites de opio,” pero respecto a esos asesinatos, añade que no se informa a los responsables afganos de los nombres de la lista de sentenciados.
Dice Daud: “Deberían respetar nuestras leyes, nuestra constitución y nuestras normas jurídicas. Tenemos un compromiso de arrestar a esa gente por nuestra propia cuenta.” Nota: arrestar, no matar instantáneamente.
Pero esos aliados de Afganistán no respetan sus propias leyes y normas jurídicas. El 12 de septiembre de 2001, George W. Bush prometió al mundo: “No permitiremos que este enemigo gane la guerra cambiando nuestro modo de vida o restringiendo nuestras libertades. ¿Pero no hemos cambiado nuestra Constitución? ¿No sabéis que hay una guerra?

No hay derecho

La concesión que el pasado miércoles se efectuó de los derechos para desarrollar el inmenso campo petrolífero de Qurna Oeste, en el sur de Iraq, a Exxon-Mobil y a la Royal Dutch Shell, subraya una vez más el carácter criminal de la continuada ocupación estadounidense. Como consecuencia directa de la guerra de Iraq, los principales conglomerados energéticos estadounidenses y transnacionales están ahora intensificando su control sobre algunos de los mayores campos petrolíferos del mundo.

Qurna Oeste tiene unas reservas de 8.700 millones de barriles de petróleo. El total de las reservas de Iraq se sitúa en la actualidad en 115.000 millones de barriles, aunque hay docenas de potenciales campos que aún no se han explorado adecuadamente. Antes de la invasión estadounidense de 2003, el régimen baazista de Saddam Hussein había concedido los derechos sobre Qurna Oeste a la firma petrolera rusa Lukoil. El régimen-títere pro-estadounidense ha procedido a anular todos los contratos anteriores a la guerra.

Exxon-Mobil, que tiene su sede en EEUU, es el primer gigante petrolero en beneficiarse. Bajo las condiciones de un contrato de veinte años de duración, la Exxon-Mobil y Shell planean incrementar la producción diaria en Qurna Oeste desde menos de 300.000 barriles a 2,3 millones de barriles al día en los próximos seis años. De la misma forma en que el gobierno iraquí compensa a las compañías por los costes que puedan implicar las mejoras del campo –que pueden llegar hasta los 50.000 millones de dólares-, éstas le pagarán 1,90 dólares por cada barril que extraigan, es decir, alrededor de 1.500 millones de dólares al año. Exxon-Mobil tiene una participación del 80% y Shell del restante 20%.

El contrato es tan sólo el segundo firmado por el régimen de Bagdad con compañías energéticas extranjeras. El pasado martes, el gobierno iraquí concluyó un acuerdo con British Petroleum (BP) y con la China National Petroleum Corp (CNPC), dándoles los derechos de explotación del inmenso campo de Rumaila y sus reservas de 17.000 millones de barriles. BP mantiene un participación de un 38% y CNPC el 37%. El plan es incrementar la producción desde alrededor de un millón de barriles al día a 2,85 millones, lo que generará unos beneficios de 2.000 millones de dólares al año.

El único punto de fricción con que se han topado las transnacionales es que los contratos no se basan en el modelo postulado por el Acuerdo de Producción Compartida (PSA, por sus siglas en inglés), que concede hasta el 40% de los ingresos totales de un campo petrolífero. Incluso los venales individuos que componen el gobierno iraquí rechazaron traspasar los mayores campos petrolíferos del país bajo esas condiciones. En su lugar, los pactos aparecen clasificados como acuerdo de “servicio”. Esto ha posibilitado que el Primer Ministro, Nuri al-Maliki, y su Ministro de Petróleo, Hussain al-Shahristani, ignoren al parlamento y se aprovechen de la ausencia de una ley de hidrocarburos que regule la industria energética.

Pero hay más acuerdos a punto de ultimarse. Un consorcio compuesto por la compañía italiana ENI, Occidental, con sede en EEUU, y Kogas, de Corea del Sur, han firmado un acuerdo provisional para el campo petrolífero de Zubair, que cuenta con unas reservas de 4.000 millones de barriles. Eni, el gigante japonés Nippon Oil y la firma española Repsol están pujando por un campo en Nasiriya que tiene unas reservas de similar tamaño. En el norte de Iraq, la Royal Duth Shell está negociando un contrato para desarrollar zonas sin explotar del importante campo de Kirkuk, del que se cree pueda tener hasta una reserva de 10.000 millones de barriles a pesar de estar en producción desde 1934.

Tras exigir inicialmente mejores condiciones, las compañías energéticas están llegando a acuerdos para mejorar los campos existentes con la esperanza de que así se encuentren en posición ventajosa cuando haya contratos más lucrativos que utilicen el modelo PSA en los 67 campos no explotados que serán subastados este año o el próximo. Aunque les ha llevado más tiempo de lo previsto, los conglomerados energéticos importantes han decidido ahora que Iraq está ya lo suficientemente estabilizado como para que empiece a manar dinero ampliando en gran medida la producción petrolífera del país. El primer paso se ha dado ya al abrir la industria petrolera iraquí, nacionalizada en 1975, a los inversores extranjeros.

Subrayando la naturaleza neo-colonial de esta operación, dos ex altos funcionarios estadounidenses de la administración Bush están ahora facilitando acuerdos corporativos en Iraq. Jay Garner, el primer cargo de la administración ocupante estadounidense en Iraq tras la invasión, es asesor de la compañía energética canadiense Vast Exploration, que tiene una participación del 37% en un campo petrolífero del norte kurdo. Zalmay Khalilzad, ex embajador en Afganistán, Iraq y ante las Naciones Unidas, ha establecido su propia firma de consultoría para las corporaciones en la ciudad kurda de Irbil.

La invasión y ocupación estadounidense de Iraq fue siempre una guerra por los recursos energéticos. Más de un millón de iraquíes han sido masacrados, millones más heridos y traumatizados, sus ciudades e infraestructuras destruidas y decenas de miles de soldados estadounidenses muertos o heridos, todo ello para que EEUU obtuviera el control y dominio de las inmensas reservas de petróleo de Iraq como parte de sus vastas ambiciones en Oriente Medio y Asia Central.

EEUU no pudo conseguir todos sus objetivos regionales tras la primera Guerra del Golfo en 1990-91. El régimen de Husein permaneció en el poder y, a pesar de las continuadas sanciones de las Naciones Unidas, estuvo firmando contratos con compañías como el gigante petrolero francés Total y Lukoil. Desde los últimos años de la década de los noventa del siglo pasado, Rusia y las potencias europeas presionaron para que se levantaran las sanciones y esas compañías pudieran recoger beneficios. La guerra se convirtió para EEUU en el único medio para impedir que sus intereses corporativos quedasen recortados.

Los conglomerados energéticos estadounidenses no se limitaron a ser meros observadores pasivos. Representantes de alto nivel de Exxon-Mobil, Chevron, Conoco-Phillips, BP America y Shell participaron a principios de 2001 en varias negociaciones con el “Grupo de Trabajo para la Energía” de la administración Bush, que estaba encabezado por el Vicepresidente Dick Cheney. Uno de los documentos que se prepararon para las discusiones contenía un mapa detallado de los campos de petróleo, oleoductos y terminales iraquíes, y una lista de las compañías extranjeras, no estadounidenses, que proyectaban instalarse allí. Un informe de mayo de 2001 de ese grupo de trabajo afirmaba sin rodeos el objetivo de EEUU: “El Golfo será el foco principal de la política energética internacional de EEUU”.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 ofrecieron un pretexto para la guerra. Las mentiras sobre las armas de destrucción masiva iraquíes se entrelazaron con las patrañas sobre las conexiones iraquíes con Al-Qaida. En el período preparatorio a la invasión, los ejecutivos de la industria petrolífera se reunieron repetidamente con los funcionarios de la administración Bush. Como el Wall Street Journal comentó el 16 de enero de 2003: “Las compañías petrolíferas estadounidenses empiezan a prepararse para el día en que puedan conseguir una oportunidad para trabajar en uno de los países más ricos en petróleo del mundo”.

Tras ahogar en sangre al pueblo iraquí, la oligarquía financiera y corporativa estadounidense cree finalmente llegado el día. Aunque las corporaciones estadounidenses no son las únicas beneficiarias de los contratos, no hay duda de quién tiene la última palabra sobre el suelo iraquí. Con inmensas bases militares en el país y con el régimen de Bagdad vinculado a Washington, EEUU está posición de dictar condiciones a sus rivales europeos y asiáticos y, en medio de las tensiones entre las grandes potencias, blandir la amenaza de cortar los suministros de petróleo, una premisa que no es precisamente nueva en la política estratégica estadounidense.

Justicia??????

Desde la fundación del Estado de Israel se entró en un proceso de confiscación de tierras de sus habitantes indígenas: los árabes residentes en el país.
Antes de 1948, los beduinos ocupaban el 99% de las tierras del Negev. La mayoría de los beduinos huyeron o fueron desterrados durante la guerra y los 11.000 restantes juraron lealtad al Estado y éste, a cambio, les prometió permitirles mantener su tradicional modo de vida y sus tierras.
Sin embargo, menos de una década después, el gobierno realojó y concentró a los beduinos en una reserva denominada Siyag, la cual sólo es un 10% del Negev. La mayoría de las tierras fuera del Siyag fueron oficialmente confiscadas y la mayor parte se convirtieron en terrenos para los nuevos asentamientos agrícolas judíos.
Un proceso parcial de reclamación de tierras registradas en el norte del Negev fue promovido por el gobierno de Israel en 1969 y se detuvo en 1971.
Durante este corto y parcial proceso, los miembros de la comunidad beduina habían registrado solamente el 8% de las tierras del Negev. Estas son las tierras totales reclamadas por los beduinos del Negev (hoy componen el 28% de los residentes del Negev mientras ocupan solamente el 3% de su territorio). Esta reclamación de la propiedad de tierras está desde entonces en un estado de limbo legal; el proceso nunca se completó. La tierra no pertenece oficialmente a los propietarios beduinos originales ni al gobierno.
Ahora el gobierno de Israel está intensificando sus intentos de tomar esas tierras plantando árboles. Tres pueblos, justo al noroeste del Siyag: Karkur, Al-Araqib y Twail Abu-Jarwal, están ahora siendo objeto de forestación por el FNJ. Los residentes de estos tres pueblos fueron realojados por la fuerza a principios de los cincuenta. Muchos de los descendientes de esa gente todavía viven en pueblos no reconocidos hasta hoy, a veces, a no más de dos millas de sus pueblos originales. Las tierras de esos pueblos han permanecido vacías, aparte de unos pocos miembros de la familia a quienes el gobierno no ha hostigado y unas pocas áreas sembradas por el FNJ a lo largo de los años. La gente de estos pueblos ha demandado y luchado por volver a sus pueblos de origen desde el día que fueron expulsados. Algunos de ustedes conocen las luchas de Nuri el Uqbi y su batalla por volver a su pueblo, Al-Araqib. El pueblo de Twail Abu-Jarwal asido asolado a ras de suelo más de 30 veces. Algunos de ustedes han oído de las adversidades de los lugareños de Al-Qrien, expulsados a la fuerza de El-Araqib en 1952. Reasentados por decisión gubernamental en su emplazamiento actual… sin consideraciones, el gobierno despachó para todas las casas del pueblo órdenes de demolición. Así, estas 1.500 personas no pueden estar en el emplazamiento designado por el gobierno y tampoco pueden volver a sus tierras originales. En su lugar, el FNJ está plantando árboles …
En un intento de empezar una protesta contra la confiscación de sus tierras, el Dr. Awad Abu-Friech, el líder elegido del pueblo de el-Araqib, levantó una tienda de campaña en el terreno. El gobierno de Israel fue rápido en atacar: el pasado jueves, 29 de octubre, envió excavadoras para destruir la tienda.

Y es lo que está haciendo el FNJ, una organización que recibe donativos de los judíos de los EE.UU. con un status de exención de impuestos.
¡Necesitan nuestra ayuda!
Como pequeña población indígena, no tienen el poder para enfrentarse a la maquinaria gubernamental, esta es respaldada por leyes, ordenanzas, policía, tribunales y la ayuda del FNJ.
¡Depende de ti!
Averigua quienes son los mayores donantes del FNJ , y exponles esta realidad. Exige que el status de exención de impuestos sea retirado, puesto que usan su dinero para apoderarse de las tierras de la minoría indígena. Ayúdanos proporcionando cualquier información que puedas sobre quienes tienen la autoridad para revocar este status, y quien puede hablarles a ellos y a esos grandes donantes. ( Pasa esta información al Dr. Yeela Raanan: yallylivnat@gmail.com )

La Tierra se Subleva

“Dicen que tierras adentro hay un lugar de donde sacan infinitésimo oro”. Con esta cita de Sebastián Gaboto comienza Tierra Sublevada, Oro Impuro. En 90 minutos de proyección, la película, coproducida por Villa del Cine de Caracas, detalla el saqueo que desde los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sufren las tierras del Noroeste del país. Argentina es la sexta reserva minera del mundo.

Desde las reformas a la Ley Minera de 1994, cuando se les concedió a las provincias autonomía para manejar a su antojo los recursos naturales, se han otorgado más de 100 concesiones a las multinacionales. “A Catamarca no le queda nada”, afirma en la película Héctor Nieva, ingeniero en minería. “Del 100% que se llevan nos dejan el 1%. Tienen el beneficio de reintegro a las exportaciones: les estamos pagando para que se lleven nuestro futuro”, explica Nieva con las montañas y los cactus de testigos. “En Potosí, los españoles se llevaron casi todas las riquezas en 400 años. Ahora, con la tecnología actual, en 40 años nos limpian hasta los huesos”. La Alumbrera, ubicada en la provincia de Catamarca, es la novena reserva de cobre del mundo. Produce 600 mil onzas de oro por año. Para poder extraer los minerales atesorados en el corazón de las montañas, la multinacional explota a cielo abierto 300 toneladas de piedra por día. La contaminación del suelo y del agua produjo el éxodo de familias enteras que fueron obligadas a abandonar el ancestral trabajo de la producción de la tierra y la ganadería. “Las familias fueron arrasadas por las topadoras”, relata Patricio Schwanek, director del documental Asecho a la ilusión. “En una zona semidesértica como ésta, Bajo de la Alumbrera utiliza 80 millones de litros de agua pura por día”, explica Schwanek. “Nos están matando a todos.

Este lugar quedó vacío”, dice con los ojos cansados un agricultor diaguita-calchalquí. De dos mil agricultores que había en la zona sólo quedaron 700; el resto sobrevive con los Planes Jefes y Jefas. “El 62% de los habitantes de Catamarca es pobre. Uno de cada dos niños pasa hambre”, dice otro de los entrevistados mientras que la cámara recorre el salón de una escuela a la hora de la cena. Los pocos niños que quedaron en el lugar sonríen a la cámara con las caras iluminadas por las velas. Mientras que la minera utiliza por día un caudal de energía similar al que necesita toda la ciudad de Catamarca, en los pueblos cercanos a la mina no hay electricidad ni unidad hospitalaria. En mayo pasado, la presidente argentina Cristina Fernández anunció, desde la Provincia de San Juan, la puesta en marcha del proyecto binacional chileno-argentino Pascua Lama que había sido acordado por los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei. Una imagen vale más que mil palabras: en el documental se muestra una foto en la que Peter Munk (presidente de la Barrick Gold) le estrecha la mano a Fernández en el salón principal de la Casa de Gobierno. La explotación del yacimiento no sólo saqueará las riquezas naturales sino que contaminará las regiones, tornándolas inhabitables a mediano plazo. En la película queda clara la vinculación de este proyecto con el veto presidencial a la Ley de Glaciares que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional a fines de 2008. “Constantemente nos amenazan de que si hablamos de la contaminación y el saqueo nos van a cesantear”, cuenta una maestra sanjuanina, integrante de la Asamblea Ciudadana. Pese a las amenazas, una gran parte de la sociedad de San Juan se organiza para resistir a la instalación de la mina.

El tratado argentino-chileno cede 100 kilómetros de la cordillera de los Andes a la transnacional Barrick Gold. Aunque la traición de los gobernantes nacionales y provinciales no cesa, la lucha ciudadana logró que las legislaturas de siete provincias (Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba y Tucumán) se expidieran en contra de la explotación de las minas a cielo abierto. A 500 años de la conquista, en la que 70 millones de indígenas murieron por la barbarie de la invasión, las pestes y el trabajo esclavo, “la tierra se subleva y grita: basta de saqueos, basta de maltratos”, finaliza la película con la cámara fija en la mirada penetrante de una niña indígena.

Las mentiras del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó 163, 9 millones de dólares al Gobierno de facto hondureño de Roberto Micheletti, presuntamente para fortalecer las reservas e inyectar liquidez a la economía de este país que sigue hundido en una fuerte crisis política.El pago forma parte de una estrategia del G-20 (grupo de países industrializados y emergentes) para financiar y el mandatario ilegítimo dijo que el FMI a tenido "respeto" a su gobierno, tras la decisión del ente de haberle dado una suma millonaria de dólares al Ejecutivo de facto. Por su parte, la presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Sandra de Midence dijo que el FMI "está respetando que somos un país miembro".Criticó a otras organizaciones financieras que le han quitado el apoyo económico, como consecuencia del golpe de Estado que dio el gobierno de facto contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio. El BCH, dijo este martes que 150, 1 millones de dólares del Fondo fueron entregados el pasado 28 de agosto y que el resto de la cifra de (163,9 millones de dólares) serán entregados por parte de este organismo la venidera semana. Asimismo indicó, que el Gobierno de facto no tiene acuerdos con el FMI, y que simplemente están "respetando" su condición de miembros del G-20."No teníamos acuerdo con el Fondo, pero está respetando que somos país miembro y esto lo vemos evidente cuando se nos han acreditado estos recursos", lo cual "hizo parejo a todos los países" beneficiarios de este programa del G-20, indicó de Midence.La funcionaria agregó que a este otorgamiento no se le puede llamar "desbloqueo" pues asegura que el presidente Constitucional, Manuel Zelaya, nunca hizo acuerdos con el FMI.Reiteró que el FMI es un organismo "responsable y serio" al permitirles formar parte de la repartición de reservas para la "estabilidad económica" de la nación